LA “CENTRALITA” Y LA CRIMINALIDAD ORGANIZADA EN LOS DELITOS DE CORRUPCIÓN DE FUNCIONARIOS

Abog. FREDY GUTIERREZ CRESPO

Fiscal Adjunto Superior (T) de la Fiscalía Especializada en delitos de Corrupción de Funcionarios del distrito fiscal del Santa.

SUMARIO: I.- Introducción; II.- Análisis de la Ley contra el Crimen Organizado; III.- Definición de Criminalidad Organizada; IV.- Elementos Característicos de la Criminalidad Organizada; V.- Problemas terminológicos y concursales; VI.- Diferencias de la Asociación Ilícita para Delinquir con la Criminalidad Organizada; VII.- Criminalidad Organizada en los delitos de Corrupción de Funcionarios; VIII.- Una red criminal denominada “La Centralita”; IX.- Conclusión y X.- Bibliografía.  

RESUMEN:

El presente artículo trata de un tema penal muy sensible, consistente en el fenómeno de la criminalidad organizada, el mismo que en los últimos años ha acaparado la atención y la preocupación de toda la ciudadanía, así como del propio Estado; en tal virtud, en la primera parte del trabajo, en forma concreta,  examinamos la significación dogmática de la criminalidad, sus elementos característicos, sus problemas terminológicos, así como sus diferencias con la asociación ilícita para delinquir; y en la segunda parte, analizamos el fenómeno de la criminalidad organizada en los delitos contra la Administración Pública, sección en la que por un lado analizamos el acierto de su inclusión, y, por otro lado, la crítica de un sector de la doctrina, que considera cuestionable su inclusión de los delitos contra la Administración Pública como delitos graves aplicables a la ley de criminalidad organizada, en la medida que sostienen que en estos delitos no concurre el elemento característico de la violencia, presumiendo que el legislador habría apostado por el solo hecho de la gravedad o dañosidad social del hecho punible, sin atender necesariamente al método empleado o modus operandi de la criminalidad organizada. Y, para finalizar analizamos el caso emblemático del denominado caso “La Centralita” dentro de un contexto de red criminal de corrupción.

PALABRAS CLAVE: Crimen organizado, red criminal, asociaciones ilícitas, bandas, estructura criminal, beneficio económico, violencia, permanencia, roles, impunidad, clandestinidad y dominio de mercado.

 

I.-       INTRODUCCION:

Pese a los esfuerzos de la Policía Nacional del Perú, de los serenazgos, de la comunidad organizada, así como del compromiso del Ministerio Público y del Poder Judicial, el Crimen Organizado va ganado terreno y avanza sin mayor oposición, se infiltra en las instituciones del Poder Judicial, del Ministerio Público, de la Policía Nacional del Perú, crea alianzas con el poder político y cada día tiene mayor poder económico, que según estimados ascienden  entre el 2% y el 3% del PBI, y, lamentablemente, estos recursos le sirven para alimentar el círculo vicioso de sus negocios ilícitos y la violencia e inseguridad que es inherente a su naturaleza, pero sobre todo estos recursos en la mayoría de casos garantizan la impunidad y sirven de incentivo para atraer a sus filas a gran cantidad de jóvenes incautos y habidos de enriquecerse fácilmente.

Es importante destacar que las organizaciones criminales se desarrollan y consolidan con la complicidad de malos efectivos policiales, así como de algunos incapaces, indiferentes y tímidos fiscales y jueces, y de los miembros del Instituto Nacional Penitenciario – INPE que permite que los delincuentes aún privados de su libertad sigan operando. Pero ello no quiere decir que existan correctos, honrados y valerosos funcionarios que están identificados en la lucha contra la inseguridad, pero resulta que se requiere dotar de mayores recursos y de herramientas procesales ágiles y acordes a nuestro contexto.

En ese sentido, consideramos acertado la aprobación de la Ley N° 30077, Ley Contra el Crimen Organizado, cuya finalidad es precisamente dotar a jueces y fiscales de medidas adecuadas para la lucha contra la criminalidad organizada, en ese sentido, es pertinente destacar que esta ley trae aportes acertados, como la definición legal de una organización criminal en consonancia con la definición de La Convención de las Naciones Unidas contra la Delincuencia Organizada Transnacional (Convención de Palermo)n, la aprobación de un catálogo de delitos graves en las que será aplicables esta norma, la aclaración terminológica entre las distintas acepciones que se hacía uso en el Código Penal, como las de bandas, agrupaciones ilícitas, organizaciones ilícitas, etc. Y sobre todo la aprobación de técnicas especiales que se pueden adoptar, como la interceptación postal, la intervención de las comunicaciones, la circulación y entrega vigilada de bienes delictivos, las acciones de seguimiento y vigilancia, así como del agente encubierto, con la finalidad de permitir la incautación de dichos bienes e intervenir en toda actividad útil y necesaria para la investigación. De igual forma, la implementación del deber de colaboración y de confidencialidad por parte de las instituciones y entidades públicas y privadas, con la precisión expresa que su incumplimiento acarreara responsabilidad penal, civil y administrativa según corresponda.

Finalmente, dentro de procesos anticorrupción al amparo de redes de criminales, no preocupa la producción del fenómeno denominado de ‘recorrupción’, vale decir, el embate inverso de la corrupción, su regreso, que puede ser peor. En ese sentido, al margen de los cuestionamientos de algunos estudiosos, consideramos un acierto haber incluido dentro del catálogo de delitos graves en las que aplica la Ley N° 30077 el delito contra la Administración Público, en tanto en el caso de Ancash, conforme se tiene de la Formalización y Continuación de la Investigación Preparatoria en el caso emblemático denominado “La Centralita” se imputa actos de corrupción bajo el manto de protección de una organización criminal.

En ese sentido, consideramos firmemente en que es posible ganar la lucha contra la criminalidad, por lo que nuestra contribución esta dirigida a crear las condiciones para exigir el liderazgo adecuado, el compromiso anticorrupción de todos los sectores, la creación de un subsistema especializado, la dotación de los recursos necesarios, así como la implementación de las herramientas de inteligencia, indagación y sanción necesarias, sin distinción de nadie.

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